Si hoy no estás trabajando es porque conmemoramos nuestra Constitución. Y, como cada año, se volverá a hablar de la necesidad de reformarla, aunque con mucha menos intensidad que hace unos años, cuando el sistema parecía abocado a renovarse o morir. De momento, ya sabes, ni una ni otra. Ahí sigue la Carta Magna, casi sin tocar desde el principio, gracias a su sistema de seguridad de doble factor: el dificilísimo mecanismo de reforma basado en resultados electorales y, antes que él, un sistema electoral diseñado para evitar sustos, que es de lo que hablamos hoy.
Al lío 👇🏻
📜 Punto uno: el ‘firewall’ que protege nuestro sistema
Todos los sistemas están hecho para protegerse a sí mismos e impedir que se les meta mano de forma que dejen de funcionar. Un Estado no es, ni mucho menos, una excepción. Por eso una Constitución es a la vez el manual de instrucciones y la defensa última del funcionamiento de todo. En España apenas se han tocado detalles superficiales de la misma desde su entrada en vigor, y eso es porque es muy complicada de reformar.
Lo dice el artículo 167 de la Carta Magna: los proyectos de reforma de la Constitución “deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras» (punto 1) y, en caso de lograrse, la iniciativa “será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten (…) una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras» (punto 3).
Tres quintas partes del Congreso son 210 escaños. La mayor mayoría absoluta de nuestro país la tuvo el PSOE de 1982, con 202. Por si prefieres verlo al revés: para reformar la Constitución no pueden oponerse más de 140 diputados. Y, en cualquier caso, hay una cláusula de seguridad adicional según la cual una décima parte de los diputados pueden jugar la carta del referéndum. Eso son 35 diputados, que es lo que tienen ahora mismo PSOE, PP, Vox o Podemos en solitario. Es infinitamente más difícil sacar adelante un proyecto de reforma que impugnarla.
Es un mecanismo pensado para los consensos: que no pueda tocarse la Constitución sin que varios (muchos) partidos se pongan de acuerdo y prácticamente ninguno importante se oponga. Es más, sólo es posible si los dos principales partidos se ponen de acuerdo, y parece lógico pensar que las dos primeras opciones siempre van a ser de signo ideológico contrario. Vaya, que la cosa es complicada.
La afirmación de arriba la secundan los datos: de quince legislaturas (contando la Constituyente) sólo en las dos últimas los dos principales partidos no han sumado la mayoría necesaria. Sin el acuerdo de una de ellas el proceso no puede ni empezar. Y con la oposición de una de ellas no tiene visos de salir adelante. Dicho de otra forma, y acudiendo al refranero español: lentejas (‘si quieres las tomas y, si no, las dejas’… pero es lo que hay).
Para sortear ese primer blindaje hay que acudir entonces al segundo: si la reforma de la Constitución depende de quien ocupa los escaños, la madre del cordero está entonces en cómo se decide eso. Es decir, en el sistema electoral. Es verdad que la Carta Magna no concreta mucho al respecto más allá de fijar que somos una democracia representativa vía sufragio universal (artículo 23) y lo de la mayoría de edad necesaria (que algunos proponen cambiar). Pero sí dibuja las reglas del juego en su Título III, que regula el funcionamiento de las Cortes (artículos 66-80).
En concreto, fija el número de diputados del Congreso y, sobre todo, que la circunscripción es la provincia junto a las dos Ciudades Autónomas:
Artículo 68
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
Por tanto, la Constitución ya diseña cómo es el reparto de escaños que, en último término, decide sobre si se puede reformar o no. Esta pescadilla que se muerde la cola tiene la cabeza en las circunscripciones provinciales.
🍰 Punto dos: el reparto territorial del pastel electoral
España es el país más europeo de Europa en una cosa: su territorio lo conforman un compendio de regiones con ansias desiguales y por lo general mal resueltas. Vaya, que el nacionalismo vasco o catalán no son excepciones raras. Hace algunos años el nacionalismo canario ponía bombas, algo que quiso intentar una pequeña parte del nacionalismo gallego no hace tanto. Aragón o Andalucía han tenido fuerzas regionales importantes, cosa que ahora tienen la Comunidad Valenciana o Baleares. Asturias pugna por la oficialidad de su idioma. Hasta en Murcia hay enquistadas luchas territoriales. Quien más y quien menos quiere dibujar distintas lindes a la piel de toro.
En el convulso proceso de cohesión nacional tras la dictadura, Adolfo Suárez hizo ‘ministro adjunto para las Regiones’ a Manuel Clavero. Es el autor intelectual de aquel “café para todos”. A saber, como España era un no parar de reclamaciones, no habría ninguna diferencia entre los demandantes. Daba igual si en Euskadi querían té, en Cataluña un licor y en Extremadura nada: habría café para todos, y punto. La cosa tuvo una segunda parte cuando hace no demasiado se pusieron todos a remodelar los Estatutos de Autonomía porque lo habían hecho los demás.
Esa misma filosofía es la que se dibuja en el reparto territorial del poder. La Cámara que supuestamente guarda la representación territorial es el Senado, pero el Congreso a fin de cuentas se configura bajo la misma premisa. Como dice la Constitución, la circunscripción es la provincia y todas ellas tienen un mínimo de representantes que luego se completan en función de la población. Da igual su peso específico en esta España forzada a sentarse a la mesa alrededor del café: todas cuentan porque todas tienen que contar.
Esa bienintencionada igualdad cafetera es la que provoca desigualdades palmarias como que el voto de un soriano valga más de lo que vale el de un madrileño, por más que se reajuste el reparto en función de la población con cada convocatoria. O, extrapolándolo a los partidos, que haya formaciones a las que conseguir un escaño les salga mucho más caro en votos que a otras: diez veces más apoyos necesitó Más País que Teruel Existe en las últimas elecciones. La clave reside en dónde están sus votantes.
🧮 Punto tres: el juego de los escaños marcados
En teoría esa representación territorial busca que todas las regiones tengan voz en la Cámara y, por tanto, nadie se sienta sin representación. Pero como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Por ejemplo, con la fórmula de los ‘diputados cuneros’. A saber, que el partido coloque como cabeza de lista de una circunscripción en la que tienen diputados asegurados a alguien que no es de esa provincia. Cádiz, que en las últimas semanas ha sido foco de tensiones, ha tenido a cuatro cuneros socialistas en las seis últimas elecciones generales: Marlaska en las dos elecciones de 2019, Chaves en 2011 y Rubalcaba en 2008. Posiblemente Cádiz les importaba poco, por más que en teoría lo representaban.
Pero tan importante como la forma de repartir esos escaños es la manera de asignarlos. De eso la Constitución no dice nada, ya que se lo deja a la ley electoral. Se explica en el Capítulo III, que comprende los artículos 161 al 166. No le pone nombre, pero el sistema elegido es ‘D’Hont’, una enrevesada forma de cómputo que persigue asegurar las mayorías estables. Tenía todo el sentido en una democracia joven y amenazada (recuerda el Golpe del 23F de 1981), para evitar unas Cámaras ingobernables que dieran alas a tentaciones predemocráticas… pero hay quien piensa que en la España actual no tienen demasiada cabida.
De hecho, tal y como ya abordamos en un boletín de hace algunas semanas, el sistema se ha convertido en una trampa mortal de representatividad. Durante años ha blindado al bipartidismo, luego sirvió para aupar a partidos nuevos como Podemos y Ciudadanos frente a otros como IU o UPyD y ahora podría dar alas a una lista unitaria de la ‘España vaciada’. De nuevo, hecha la ley, hecha la trampa. PP y PSOE sobreviven en gran medida gracias a su fuerza combinada en capitales y pueblos mientras Podemos y Ciudadanos alzaron el vuelo centrándose sólo en núcleos urbanos.
Si lo piensas, las normas han condicionado -y mucho- las políticas patrias. No es casual que los Gobiernos hayan tenido que buscar el apoyo de los nacionalistas para poder sacar adelante sus propuestas. Basta con que una formación sea fuerte en algunas circunscripciones grandes para tener una representación notoria en el Congreso. Traducido: PNV, CiU o ERC han sido importantes en el debate nacional gracias a sus votos concentrados en pocas provincias importantes mientras IU o el PACMA jamás han llegado a su influencia teniendo más votos porque los tenían repartidos por toda la geografía. ¿Cómo sería España de no haber sido así?
En esencia, el sistema dibuja enseñanzas que poco o nada tienen que ver con la ansiada representatividad. De ahí que los cálculos sobre transferencias de voto y similares sean interesantes a nivel teórico, pero no a nivel práctico: todo dependerá siempre de en qué circunscripción voten dichos electores.
🤔 Uniendo los puntos
Recopilando, imagina que quieres cambiar la Constitución. Necesitas tres quintas partes del Congreso, para empezar. Descartemos un acuerdo amplio, que se antoja imposible en un país tan polarizado. Descartemos también una mayoría absoluta gigante, imposible también en un Congreso con tantos partidos. La única opción pasa por sumar un frente amplio de ideología similar. Pero claro, el reparto en múltiples circunscripciones, muchas de ellas pequeñas, hace imposible que haya muchos partidos con algo de peso porque el sistema favorece que haya pocos partidos con mucho peso. Y resulta que para cambiar eso tienes que cambiar la Constitución. Vuelve a la casilla de salida. Y eso sin contar con el más que posible veto de al menos uno de los dos grandes partidos. Porque, ¿qué incentivo van a tener ellos en cambiar una ley mientras favorezca a sus intereses?
Mientras encuentras una fórmula yo me voy despidiendo. Te escribo de nuevo el sábado para hablar de los sistemas electorales que tienen en otros países y que poco tienen que ver con el nuestro.
Ánimo con la semana, que es corta 👋🏻
