Encontrar una forma de representar de manera justa y equilibrada la voluntad popular no es sencillo, aunque lo parezca. No sólo se trata de cuánta gente vota a qué partidos, sino de respetar también determinadas sensibilidades, que pueden ser religiosas (como en Líbano), lingüísticas (como en Bélgica), étnicas (como en Europa del Este)… o territoriales, como es el caso de España.

En nuestro país se establece que hay 52 circunscripciones, correspondientes a las provincias -más Ceuta y Melilla-, para elegir entre 350 y 400 diputados (de momento nos quedamos en 350), y que cada circunscripción elegirá diputados a razón de sus habitantes, con dos salvedades: habrá un mínimo de dos diputados -salvo las Ciudades Autónomas, que eligen uno-, y se ponen horquillas de habitantes que se van ajustando según el censo.

Aquí es donde se generan las primeras grandes distorsiones de representación. Las horquillas fijan por ejemplo que A Coruña, Bizkaia y Las Palmas eligen a ocho diputados cada una, y el censo confirma que las tres tienen 1,1 millones de habitantes, con una diferencia de apenas 20.200 habitantes entre ellas… pero es que esos habitantes son una cuarta parte del total de la provincia de Soria, que con 90.000 habitantes elige dos diputados. «Hoy en día, el voto de un ciudadano de Soria vale mucho más que uno de Madrid», explica Pedro Riera, profesor universitario y coautor del informe para una reforma del sistema electoral para el Consejo de Estado.

En su opinión, «el sistema electoral español presenta tres grandes problemas. Por un lado, resulta bastante desproporcional, perjudicando sobre todo a las llamadas terceras fuerzas de ámbito estatal» -históricamente PCE/IU, CDS, UPyD-. El segundo sería justamente «el actual reparto de escaños a nivel provincial, que favorece sobre todo a PP y PSOE», y el tercero las listas cerradas, «aunque no soy partidario de abrirlas completamente».

Pablo Simón, profesor de la UC3M y experto en sistemas electorales, subraya también el «sesgo territorial», que implica que áreas poco pobladas aunque con muchas provincias tengan una gran representación. Es por ejemplo el caso de las dos Castillas, que suman 4,4 millones de habitantes que eligen 46 escaños, por casi idéntica población (19.000 habitantes más) de las provincias de Valencia y Sevilla, que juntas eligen a sólo 28 diputados.

El caso español, mejorable pero… ¿no tan malo?

El sistema español «es proporcional, pero es el más mayoritario de los proporcionales», explica Pablo Simón, en referencia a las grandes familias de sistemas electorales que existen. El motivo: conviven tres subsistemas de circunscripciones.

En primer lugar, hay provincias pequeñas «que son muy mayoritarias, lo que tiene efecto reductor de la atomización», explica, poniendo el ejemplo de que votar a Podemos en Soria «no tiene razón de ser porque los grandes partidos copan sus dos escaños». En segundo lugar, hay «provincias intermedias que eligen de cinco a diez diputados que, al combinar su tamaño con la fórmula D’Hondt, permite que haya nuevos partidos que puedan entrar», pero de forma limitada -salvo en el caso de las fuerzas nacionalistas, mayoritarias en algunas circunscripciones de este tamaño-. En tercer lugar, las grandes provincias como Madrid o Barcelona «serían proporcionales puras», y acaban fortaleciendo a segundas fuerzas.

«El equilibrio de estos tres subsistemas da un cierto equilibrio mayoritario-proporcional, dando representación pero sin laminar mayorías», explica, aunque reconoce, en la línea de Pedro Riera, que el problema pasa a formaciones más pequeñas. «Este sistema hace mucho daño a los partidos por debajo del 15% de los votos, donde está ahora Ciudadanos: perdieron un punto en las últimas elecciones y eso les supuso ocho diputados, igual que antes IU o UPyD fueron castigados porque eran más pequeños y tenían el voto disperso», apunta. «Podemos resiste porque es ya un partido mediano, y cuenta con las confluencias».

Así las cosas, Simón defiende que el sistema español tiene cierto «punto dulce de equilibrio» entre ambos modelos, aunque se podría mejorar con algunos cambios para evitar la actual «prima electoral de zonas rurales y despobladas». Señala en concreto dos: cambiar el tamaño de las circunscripciones y buscar un modelo más representativo. «Con circunscripciones de tamaño mediano, como la de Asturias, tendríamos un modelo perfecto», apunta respecto a lo primero. Acerca de lo segundo, aboga por la sustitución del modelo D’Hondt por el método Sainte-Laguë, «que tendría efectos enormes en la mejora de la proporcionalidad».

Riera explica que el método Sainte-Laguë, utilizado en países como la citada Alemania o Nueva Zelanda, «favorecería a los partidos pequeños, disminuyendo la desproporcionalidad en la traducción de votos a escaños», aunque se muestra algo más escéptico que Simón en sus bondades: «En general coincido, aunque me temo que esta apuesta por el cambio de fórmula no está suficientemente defendida, ni en el ámbito académico, ni en el político».

También coincide con Simón en apuntar una solución al tamaño de las circunscripciones: «Sería aconsejable la creación de circunscripciones de igual magnitud en todo el territorio, donde todos los votos valieran lo mismo», comenta.

Añade Riera, además, un tercer punto: la adopción de sistemas de voto preferencial, «donde los votantes tuvieran ciertas posibilidades de alterar el orden de nombre proporcionado por el partido, como sucede en la mayoría de países de nuestro entorno», explica.

¿Es posible hacer algo así?

¿Qué se necesitaría para llevar a cabo cambios como estos? Depende: en algunos casos una mayoría simple en el Parlamento, pero en otros implicaría reformar la Carta Magna. «Aunque es verdad que algunos elementos del sistema están incorporados en la Constitución -sistema proporcional, circunscripción provincial, mínimo de escaños por provincia y tamaño del Congreso-, hay muchas cosas que se podrían cambiar ‘simplemente’ modificando la LOREG», explica Riera, lo que necesitaría una mayoría de 176 votos en el Congreso más una mayoría simple en el Senado.

Y ahí viene lo complicado: los partidos nuevos, como Podemos o Ciudadanos, como fuerzas no hegemónicas de ámbito nacional, tienen en esta reforma una de sus grandes batallas. Pero los ‘grandes’, que son los más beneficiados por el sistema, no tienen interés alguno en llevarla a cabo. «Se escudarán, con mayor o menor razón, en que nuestro sistema tiene 40 años y ha funcionado razonablemente en términos de estabilidad gubernamental, en que no hay una demanda en la calle a favor de la reforma o en que cualquier cambio en las reglas del juego debe venir presidido por un gran consenso», augura Riera.

«Se ha abierto subcomisión para reforma electoral y para finales de año habrá dictamen, a partir del que se redactará un borrador», explica Simón. «Creo que el campo de encuentro entre Ciudadanos y Podemos es fácil, así que quedará en manos del PSOE», sentencia. Pero eso será sólo en el Congreso, porque en el Senado el PP cuenta con una aplastante mayoría absoluta, lo cual hace muy complicado llegar a ver a corto plazo ninguna de estas reformas.