El dilema de la manta corta se suele usar para explicar situaciones en las que atender un problema conlleva crear uno nuevo: tienes que elegir entre taparte los pies o el torso porque no puedes cubrir ambas partes a la vez. Y el porvenir económico de España a largo plazo parece atrapado en un dilema semejante: o aseguramos el bienestar de los mayores, o intentamos solventar la emancipación de los jóvenes. ¿No se puede abordar ambos asuntos de una?
Aurora Nacarino-Bravo describe la situación en dos pinceladas. Primera: «Tenemos una pirámide de población que se ha invertido, con una de las cifras de natalidad más bajas de Europa». Segunda: «Tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, y no solo vivimos más, sino que tenemos más años de calidad de vida». El retrato que dibuja su descripción parece el de una sociedad con una manta corta generacional: mucha gente mayor pensionista a la que tendrán que sostener cada vez menos jóvenes trabajadores.
«Muchísima gente de la generación del ‘baby boom’ que se va a jubilar próximamente va a cobrar pensiones durante muchísimo tiempo, pensiones muchas veces muy altas, porque han cotizado muchos años, y que no encuentran correspondencia con los sueldos», analiza. Y tener unas pensiones medias más altas que los salarios provoca que, en contraste con la precariedad de los jóvenes, España tenga unas tasas de pobreza muy bajas entre la población jubilada. El problema, claro, no es lo segundo, sino el contraste con lo primero. Y se agrava porque las pensiones se sostienen con las cotizaciones de quienes trabajan.
A sus 36 años Nacarino-Brabo ha sido diputada en el Congreso por Ciudadanos y asesora parlamentaria antes de eso. Ya fuera de la política activa, es editora ejecutiva en el Grupo Planeta. Su trayectoria es excepcional en un contexto general en el que muchos jóvenes no consiguen encontrar acomodo laboral que les permita una emancipación efectiva.
Ese problema es una de las principales dedicaciones de María Teresa Pérez, que también fue asesora parlamentaria y diputada, aunque en este caso por Podemos. A sus 30 años es la actual directora general del Instituto de la Juventud, y comparte que la situación laboral y de emancipación «es mala en comparación con el resto de Europa», aunque ve cierta mejoría en lo que al paro juvenil se refiere.
Difieren, eso sí, en el diagnóstico del problema. Para Pérez, «la precariedad socioeconómica de los jóvenes se debe a un problema estructural que tiene que ver con el modelo productivo y el sistema laboral dual que prima en España: cuando vienen épocas de bonanza se les contrata a bajo coste, y cuando vienen las crisis se les despide los primeros», analiza.
Nacarino-Bravo lo lleva a un campo más económico: «No somos capaces de aumentar los salarios porque no somos capaces de aumentar la productividad, con lo que hemos perdido riqueza comparativa. Somos prácticamente el único país de Europa que ha perdido poder adquisitivo en los últimos 20 años, y esto es algo grave y preocupante, y de lo que no se habla».
Instrucciones para tejer una manta más ancha
Coinciden ambas en algo más, aparte de ser jóvenes que se salen de ese retrato general: en la dificultad de encontrar una respuesta. «No es algo sencillo ni fácil de solucionar porque se necesitan transformaciones profundas y mirada a largo plazo», reconoce Pérez, que reclama que la manta social tape a los jóvenes sin destapar a los jubilados.
«Las personas mayores que han dedicado toda su vida a trabajar y cotizar tienen derecho a cobrar una pensión digna que les haga más llevadera su etapa de vejez. Y también creo que las personas jóvenes tienen derecho a tener un empleo decente con unas condiciones en cuanto a salarios, temporalidad y parcialidad mucho mejores que las actuales». La cuestión es cómo conseguirlo, y en ese sentido saca a colación el papel de la reforma de las pensiones y la reforma laboral del Gobierno en el que participa.
El sistema tal y como está planteado hoy es insostenible, pero es un problema que se va a manifestar de forma contundente en el medio y largo plazo, y los incentivos que tienen los políticos para gobernar son siempre a corto plazo
«Claramente, el sistema tal y como está planteado hoy es insostenible», lamenta Nacarino-Brabo, «pero es un problema que se va a manifestar de forma contundente en el medio y largo plazo, y los incentivos que tienen los políticos para gobernar son siempre a corto plazo. Ellos buscan la reelección en cuatro años, no que el país les recuerde dentro de 30 por una gran política pública que fueran capaces de implementar. En esto hay algo de incentivos perversos».
Pérez, por su parte, pone el foco en el lado laboral: «Es necesario el compromiso de las empresas con el empleo juvenil y también un cambio de modelo productivo que no nos haga depender del sector servicios y que apueste por formar a los jóvenes en los perfiles de empleo que demanda el mercado, que son más enfocados a la digitalización y la economía circular».
Si la realidad muestra que vivimos más años y en mejores condiciones, la lógica económica apunta hacia alargar la edad de jubilación como posible solución. Parece tan obvio que es la respuesta más común: se cotizara más tiempo y se consume menos. Ahora bien, ¿tiene sentido que nuestra existencia se base en ser productivos mientras podamos serlo? El debate es económico, pero también social, y tiene que ver con la forma en que planteamos nuestra existencia, atada de por vida a la actividad laboral.
Nacarino-Brabo defiende la vía de la productividad, pero descarta que existan soluciones únicas al problema, tampoco alargar el tiempo trabajado. «Evidentemente, van a tener que revisarse al alza las edades de jubilación, pero esto por sí solo no va a resolver el problema». Tampoco comparte la apelación a la inmigración como forma de aumentar la natalidad, que sería el otro lado de la manta: «Las mujeres inmigrantes no van a tener los hijos que nosotras no tengamos, porque también ellas, a medida que se integren socioeconómicamente en nuestro país, acabarán convergiendo en todos los aspectos de la vida, también en el de la natalidad», considera.
El diagnóstico en ambas consultadas es el mismo, pero el origen del problema al que señalan y los posibles tratamientos que proponen divergen: economía o trabajo, iniciativa política o empresarial. Donde no hay perspectivas enfrentadas en la necesidad de desligar el componente de conflicto entre jóvenes y mayores, porque siendo los extremos en contraste su situación viene de una situación común: cómo está diseñado el sistema y cómo se puede adaptar a una sociedad que ha cambiado. El problema es la manta, no el cuerpo.
No a la guerra (generacional)
«En los últimos años se ha intentado situar el problema de las pensiones como una guerra generacional y creo que es un error», explica Pérez. «El eje de conflicto nunca ha estado en lo generacional, sino en lo social y económico. Es un enfoque del debate importado de EEUU y neoliberal, no es efectivo aquí».
Tampoco ve «real ni justo» que cunda la percepción de que los jóvenes de hoy vivan peor que la generación de sus padres: «No podemos simplificar la cuestión así. No se deben comparar situaciones generacionales sin tener en cuenta el contexto de cada una. Si comparamos las condiciones de los ‘boomers’ cuando eran jóvenes con las de los jóvenes de hoy, las ventajas son abrumadoras a favor de los jóvenes actuales, pero la percepción de futuro que tienen los jóvenes actuales es mucho peor. La diferencia está en las expectativas y la proyección», considera.
En los últimos años se ha intentado situar el problema de las pensiones como una guerra generacional y creo que es un error. El eje de conflicto nunca ha estado en lo generacional, sino en lo social y económico. Es un enfoque del debate importado de EEUU y neoliberal, no es efectivo aquí
Nacarino-Brabo tampoco comparte esa visión de contienda, o de tapón generacional. Apunta a que desde el propio Gobierno ha habido visiones enfrentadas, con voces apuntando a que mantener a trabajadores en edad de jubilación en su puesto de trabajo restaba oportunidades laborales a los jóvenes, y voces negándolo. «Hay evidencia en ese sentido», señalando a que esa prolongación de la edad de jubilación actuaría «en beneficio del PIB y del consumo». En su opinión, «no es un juego de suma cero, no es un número de puestos de trabajo que ocupan unos u otros, sino que el sistema es capaz de crear más oportunidades de empleo en ciertas condiciones. Y esta es una de ellas».
Es 2023. Francia atraviesa uno de sus periodos sociales más convulsos, y parte de la exaltación viene precisamente de una reforma en esa línea: pasar de los 62 a los 64 años como horizonte para la jubilación. En 2011 España puso en marcha una ampliación progresiva, en nuestro caso de los 65 de entonces a los 67 años, en un proceso que culminará en 2027. Para entonces, seguramente, el debate volverá a estar sobre la mesa para llevar el horizonte más allá.
«Muchos jóvenes empiezan a ser conscientes de que el debate de pensiones también les afecta, pero debemos transmitirles que no está todo perdido», considera Pérez. «Un ejemplo de esto es que la juventud francesa está apoyando las movilizaciones, convocando huelgas y asambleas universitarias. Es decir, se ve directamente afectada por esta reforma».
Las pensiones, como el desempleo, la sanidad o la educación públicas, son las herramientas más poderosas que tiene el estado del bienestar en lo que a protección social se refiere. Y todo ese sistema funciona en base a unos delicados equilibrios que no se han ido recomponiendo a la velocidad a la que la pirámide poblacional ha ido descompensándose. Y ahí se empiezan a notar las costuras de la manta.
«Que las pensiones sean más altas también significa que en muchos aspectos la economía española funciona con gasto público. Y está bien que el Estado tenga una implicación social, pero al final todo esto se financia con deuda», advierte Nacarino-Brabo.
De los próximos años dependerá que prometer garantizar las pensiones del futuro no implique también que lo prometido sea deuda, en sentido literal. Todo sea que la manta no acabe hecha jirones y nos quedemos sin cobertura.