El pasado 11 de julio el presidente del Gobierno anunció una serie de recortes, entre los que estaba la subida del IVA, la bajada de la prestación por desempleo o la reducción de salarios de los funcionarios. Pero también anunció que se pondría en marcha la reducción del 30% de los concejales de los más de 8.000 municipios que existen en España a partir del año 2015.

A la inciativa se han ido sumando desde entonces numerosos barones territoriales del PP para hacer lo mismo con el número de diputados autonómicos. El primero en apuntar la posibilidad fue el presidente extremeño, al que luego se sumó el gallego Núñez Feijóo. Más adelante otras voces se han apuntado a la iniciativa, como Cospedal en Castilla-La Mancha, Arenas en Andalucía, Fabra en la Comunidad Valenciana, el recién proclamado Ignacio González en Madrid o la popular catalana Sánchez Camacho.

Aplicar ese recorte supondría una reforma electoral enmascarada bajo un programa de ahorro económico ¿Por qué? Porque el sistema electoral español está basado en un reparto que prima a los partidos más votados para evitar la disgregación de fuerzas, lo que hace que al reducirse el número de escaños en juego se pueda variar el resultado final obtenido.

Para conocer cómo quedaría cada Parlamento autonómico no basta con aplicar un recorte del 30% al resultado final, ya que -en el caso de la gran mayoría de autonomías-, al existir circunscripciones con diferentes ponderaciones el cálculo se complica. En los Ayuntamientos, donde hay circunscripción única, el cálculo sí es directo.

A eso habría que añadir el desigual reparto de suelo electoral (hay autonomías que exigen un 5% mínimo de los votos para entrar en el reparto mientras otras se quedan en el 3%) y los diferentes requisitos de cada región (algunas reparten circunscripciones por población, otras establecen un mínimo igual para cada una de ellas y Euskadi, directamente, divide a partes iguales los escaños entre sus provincias aunque tengan poblaciones muy diferentes).

En resumen: el heterogéneo sistema de reparto electoral en el ámbito autonómico hace que haya que sacar la calculadora para saber cómo afecta la medida del Ejecutivo.

¿Qué cambiaría con un mapa como el actual?

La reforma no supondría grandes vuelcos en las autonomías, pero perjudicaría a las grandes mayorías y desharía algunos empates. Como norma general, perjudica a los partidos que basan su ventaja en regiones concretas y reduce distancias entre fuerzas.

En Galicia, por ejemplo, los populares perderían la mayoría absoluta y empatarían en escaños con una hipotética alianza entre PSOE y BNG si el recorte fuera de un 30% como ha propuesto Rajoy. Por eso quizá Feijóo no ha hablado de aplicar el mismo recorte propuesto por Rajoy (que dejaría el Parlamento gallego en 52 escaños), sino otro distinto que sí le hubiera permitido mantener la mayoría con 61 escaños.

También habría cambios en el Ayuntamiento de Lugo, donde el PP gobernaría con mayoría absoluta al pasar a tener nueve escaños por los ocho que sumarían PSOE y BNG.

En Canarias se desharía el empate entre PP y Coalición Canaria, que obligó a los nacionalistas a pactar con el PSOE para formar Ejecutivo. En esta hipotética situación de reducción de escaños CC sacaría tres de ventaja al PP, lo que le convertiría en la primera fuerza en solitario pese a que seguiría estando en minoría para gobernar.

También se rompería el empate entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, esta vez a favor de los populares, aunque seguirían lejos de la mayoría absoluta.

Las grandes mayorías absolutas perderían fuerza, aunque no pase de ser una anécdota. Es el caso de La Rioja, donde el PP perdería cinco escaños por los tres del PSOE, o la Comunidad Valenciana, donde el PP perdería 16 asientos y el PSOE 11. También se limarían diferencias en Andalucía, donde IU se derrumbaría al perder la mitad de sus doce escaños actuales.

Eso, sin embargo, no impediría que su apoyo bastara al PSOE para conservar la Junta al superar al PP, aunque sólo por cuatro escaños en lugar de los nueve actuales.

En Castilla-La Mancha el PP ampliaría su mayoría absoluta en un escaño ya que, con la reducción de asientos elegidos en cada pronvincia, cambiaría el mapa: el PP superaría al PSOE en Albacete y Cuenca (donde empataron), el PP empataría al PSOE en Ciudad Real y el PSOE empataría al PP en Guadalajara (cuando los populares ganaron allí por dos escaños).

Así, el escaño clave de Guadalajara, con mucha población emigrante de Madrid, que dio la victoria al PP pasaría a disputarse en Albacete y Cuenca, zona hasta hace poco socialista. Además el PSOE conservaría por la mínima la alcaldía de Toledo, bastión de uno de sus líderes emergentes. Page perdería su concejal de ventaja sobre el PP, lo que le obligaría a pactar con IU para romper el empate.

En Asturias, para cuyo escrutinio tuvo que mediar la Junta Electoral ya que bailaba un escaño en la circunscripción más pequeña del Principado, el panorama quedaría exactamente igual aunque con menos diputados: PSOE e IU empatarían a un bloque PP FAC, por lo que UPyD, que no perdería su representante, volvería a decidir el Gobierno.

Lo mismo sucedería en Extremadura, donde PSOE, PP e IU bajan en igual proporción, por lo que no alteraría el esquema actual.

Cuestión de dinero

Con la puesta en marcha del recorte el ahorro en cargos públicos sería considerable. Contando únicamente los concejales de las capitales de provincia, aquellos con sueldos más altos, se pasaría de los 1.386 actuales a 974. Contando el global del país el ahorro es aún más llamativo: según la FEMP, en las últimas elecciones locales se eligieron 68.462 concejales, 2.300 más que en 2007, cifra quedaría en 47.923 ediles, es decir, 20.539 cargos menos.

Si se contara también una hipotética reducción en las Comunidades y Ciudades Autónomas la cifra actual de 1.268 diputados autonómicos pasaría a ser de 891. En total casi 21.000 concejales y diputados autonómicos menos a cargo de las cuentas del Estado.

Más complicado sería que se aplicara el recorte en el Congreso, aunque algún grupo parlamentario ya lo ha planteado. Esa reformarequeriría la modificación de la Constitución porque se tendrían que recortar 105 diputados hasta un total de 245, mientras que el texto actual especifica que la cifra debe estar entre 300 y 400 escaños .

Suponiendo en cualquier caso que se pusiera en marcha el recorte en idéntica proporción de un tercio el PSOE ganaría un mínimo terreno al PP, que mantendría una holgada mayoría absoluta. Más cambios sufrirían el resto de las fuerzas de la Cámara: IU y UPyD perderían la mitad de sus asientos, justo como Coalición Canaria, mientras que Esquerra se quedaría con un único representante de los tres que tiene ahora.

El BNG, Geroa Bai y Compromís desaparecerían del Hemiciclo, mientras Amaiur perdería dos de sus siete diputados y el PNV perdería uno de los cinco que tiene. FAC, en partido de Álvarez Cascos y autor de la propuesta de recorte parlamentario en el Congreso, sería el único que se quedaría tal y como está.