Al nacionalismo español le surgió un frente inesperado hace algunas semanas. El Ayuntamiento de León aprobaba, con los votos de PSOE y Podemos, pedir la separación efectiva de su autonomía. La reacción de los sectores conservadores abarcó desde la incredulidad hasta la burla, interpretando que era poco menos que una ‘boutade’ de los progresistas. Por si no hubiera bastante con la tensión en Cataluña ahora que la del País Vasco parecía relajarse, saltaba la liebre en la región más inesperada.

Otros análisis, sin embargo, apuntaban en otra dirección. No en vano, allá por 1983, eran precisamente AP y algunos miembros de UCD los que demandaban exactamente lo mismo: que León constituyera un ente autonómico diferenciado de Castilla, ya que podía presentar sensibilidades similares a las de Asturias.

En el momento en el que se trazó el mapa autonómico, con una UCD casi omnipotente, fue Rodolfo Martín Villa el encargado de oponerse. Algunas voces, como la de Enric Juliana, rememoran el papel del exministro precisamente en la creación de Castilla y León como un «embalse del voto» para su partido, en contra del peligro que hubiera supuesto crear una autonomía con León y Asturias juntas: «demasiados mineros juntos», sintetiza.

En 1983 AP y algunos miembros de UCD pedían que León constituyera un ente autonómico diferenciado de Castilla, ya que podía presentar sensibilidades similares a las de Asturias

Más allá del arraigo del sentimiento diferencial leonés, parece claro que en varias regiones del país hay cierto descontento con el trazado político actual. No es sólo por las tensiones soberanistas más profundas, como las de Cataluña o País Vasco, sino por los pequeños movimientos latentes en varias latitudes, que de tanto en tanto emergen.

Explicar el motivo de esa inercia es complejo. Tiene que ver con la idiosincrasia no sólo de esas regiones, sino también con los equilibrios sociales y económicos comunes del país. Y también, cómo no, con la forma de gestionar las desavenencias territoriales por pequeñas que sean.

La más evidente es el trazado no ya autonómico, sino también provincial. El país se divide en 52 regiones de tamaños, habitantes y riqueza muy heterogénea. Y eso, inevitablemente, produce desequilibrios, como el desencuentro económico que dio origen a la actual tensión soberanista catalana.

Sin embargo, el mapa es, en lo geográfico y matemático, llamativamente equilibrado y hasta artificial. Es lo que se deduce de aplicar, como hacía un usuario de Twitter recientemente, la división del plano de Voronoi al mapa español: los límites de cada provincia están trazados de forma casi exacta para que la capital propia esté siempre más cerca que la capital vecina.

https://twitter.com/lithospheric/status/1211074744973479936

Las similitudes entre ‘distintos’ se vuelven obvias en las fronteras. Viajar al interior de Castellón, por ejemplo, muestra una serranía con muchas más semejanzas con Aragón -no ya en el habla, sino hasta en las tradiciones y bailes- que con la zona costera valenciana. Es sólo un ejemplo de los miles que podrían ponerse. Ahora bien, ¿de verdad es una ocurrencia que una provincia como León retome la idea de separarse de su autonomía treinta años después? ¿Alguien cree que el nacionalismo vasco o catalán van a desactivarse sin más? ¿No podrían ocurrir cosas similares en otras zonas más alejadas del foco mediático, como Cartagena o El Bierzo?

A todas las regiones se les ha dado café, lo quisieran o no. O lo que es peor, lo necesitaran o no

León, más que una ‘boutade’, es un síntoma de gestión. España, más allá del acertado o no trazado de su mapa político, ha tendido a intentar homogeneizar a todos sus miembros. Buena prueba de ello fueron las reformas de los Estatutos de Autonomía que tuvieron lugar durante el Gobierno de Zapatero: para responder a la reforma del Estatut, un montón de autonomías sucedieron a Cataluña en la actualización de su marco competencial. Sin embargo, sólo Cataluña y País Vasco han manifestado de forma notoria una demanda de mayores cuotas de autogobierno y autogestión.

¿’Café para todos’?

La España autonómica se ha gestionado durante estos cuarenta años desde la lógica del ‘café para todos’: hay regiones que han demandado café, otras que han demandado chocolate otras que no han demandado nada, pero a todas ellas se les ha dado café, lo quisieran o no. O lo que es peor, lo necesitaran o no.

Del mismo modo, y más allá de la aplicación de la Ley, también se han gestionado los sentimientos identitarios de la misma forma: se ha ofrecido lo mismo y se ha demandado lo mismo a todas las regiones, sin tener en cuenta el impacto que eso podría tener en su afección o desafección respecto al conjunto del Estado.

Así las cosas, y con el problema catalán lejos de poder cerrarse, León emerge como síntoma y aviso. No es, ni mucho menos, un caso comparable, pero sí muestra ciertas desavenencias latentes que demandan una solución que no puede ser el silencio. Eso no quiere decir que la solución tenga que pasar por plegarse a las demandas de quienes quieren cambios, a todas luces menos numerosos que quienes no los quieren. Pero sí debería mover a una profunda reflexión acerca de la gestión de identidades y sentimientos como forma de intentar salvaguardar la identidad común del país.