El Ejecutivo de Mariano Rajoy estudia una vía paulatina de acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, poniendo fin a una excepción legal que dura más de dos décadas. El desarme de ETA y el apoyo parlamentario del PNV impulsan la posibilidad.

No hay mayor derrota que una victoria que da razones al enemigo. Bajo esta perversa premisa se ha desarrollado el llamado conflicto vasco durante décadas: por cada atentado, secuestro o declaración salida de tono, el Estado reforzaba sus argumentos; tras cada operación, abuso policial o ilegalización, el imaginario de ETA endurecía sus posiciones. No es una equiparación, es la dialéctica de consumo interno que cada parte ha esgrimido, algunos como defensa, otros como ataque, durante años de violencia.

Sin embargo, cinco años después de que ETA dejara las armas y de que el Gobierno haya retirado definitivamente los servicios de escoltas, las cosas han cambiado. De hecho, y a pesar de que el actual es quizá el primer Ejecutivo que no lleva a cabo contacto alguno con la organización, habrá resultados tangibles. El primero, el desarme (total según unos, parcial según otros) de ETA. Y en unos meses, el inicio del acercamiento de los presos a Euskadi. Ese, al menos, es el guión.

El hecho en sí tiene importancia por el cambio de escenario que supone, pero adquiere aún más notoriedad siendo que viene del gobierno más improbable de todos. El mismo que terminó con la llamada ‘vía Nanclares’ y frenó en seco todas las políticas de conciliación que se pusieron en marcha durante los gobiernos de Zapatero en Madrid y el lehendakari Patxi López en Euskadi.

Los motivos: políticos

El motivo, sin embargo, no es sólo una respuesta al desarme de ETA, o al menos esa es la asociación que se intenta evitar. Quizás habría cierta inconsistencia argumental en haber asistido al fin de la violencia y el desarme etarra sin hacer nada, y es cierto que muchas de las demandas del otro lado son inasumibles para el Gobierno (a saber, referéndum de autodeterminación, vuelta de los huidos -«exiliados»- y amnistía). Pero las circunstancias de dispersión hacen que esa demanda sí pueda ser satisfecha bajo una estrategia indirecta.

El PP necesita atraer nuevos socios, o al menos retirarlos del contador de la oposición, para retomar el control

La clave pasa por la actual composición de mayorías en el Parlamento. El PP, con el apoyo a veces complicado de Ciudadanos, no suma mayoría frente al resto, y la caída de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley Mordaza’) o la situación con los estibadores lo ha hecho evidente. Necesita atraer nuevos socios, o al menos retirarlos del contador de la oposición, para retomar el control. Un socio clásico, la antigua Convergència, parece improbable dado el bloqueo de la situación con Cataluña, que también espera suavizar inversiones mediante. Así las cosas, sólo queda mirar al PNV.

Es cierto que el lehendakari gobierna en coalición con el PSOE ahora mismo, pero también es cierto que no le necesita del todo porque la oposición en el Parlamento Vasco está mucho más fragmentada (con EH Bildu y PP en los extremos), lo que hace difícil que se una contra ellos. Ahora bien, el empuje de los abertzales y Podemos sí es un riesgo latente para su futuro, de forma que los jetzales, en su versión menos soberanista en mucho tiempo, necesitan apuntarse tantos frente a cierto electorado que pudiera cambiarse de bando.

Tras años de normalizar la excepción legal que supone la dispersión toca emprender el camino contrario para que no se interprete como una concesión

Y ahí es donde entraría un acuerdo a tres bandas. Si el Gobierno posibilita el progresivo acercamiento de presos de ETA y se atribuye todo el mérito al PNV, el PP no tendría que dar incómodas explicaciones a su electorado y los nacionalistas podrían sacar pecho de su logro frente a un EH Bildu que no podría más que celebrar la consecución de una demanda conseguida. A cambio, el Gobierno podría sumarse para lo importante (Presupuestos, por ejemplo) los apoyos del PNV y, con los de Ciudadanos, lograría 174 votos. Sumando el de Coalición Canaria, casi un ‘comodín’ en las cábalas parlamentarias, quedaría en empate técnico frente a la siempre peleada oposición de izquierdas y nacionalista.

La clave sería cómo hacerlo. El PP, por una parte, no se puede permitir que parezca una respuesta o una concesión a ETA tras su desarme, por lo que sería algo progresivo y separado en el tiempo respecto al desarme. Por otra parte, habría que poner en marcha cierta operación de pedagogía de cara a la sociedad: tras tantos años de normalizar la excepción legal que supone la dispersión, toca emprender el camino contrario para que no se interprete como una concesión o un paso atrás.

La jugada legal tras la dispersión

En realidad, el acercamiento no sería una concesión, sino el cumplimiento de la Ley más estricta. El ordenamiento jurídico vigente estipula que todo preso debe cumplir condena en el presidio más cercano a su lugar de residencia, pero el gobierno de Felipe González introdujo dos excepciones a la norma para luchar contra la delincuencia organizada: una para el narcotráfico gallego -cuyos presos quedarían alejados de las ‘rutas’ de contrabando- y otra para ETA y lo que la Justicia consideró su entorno. Con el tiempo se añadiría como tercera excepción al terrorismo yihadista.

La lógica de lo que se llamó la dispersión de presos establece que conforme más ‘dura’ es la posición del recluso, más alejado está de Euskadi. Así, los más fieles a la ortodoxia de ETA están en cárceles andaluzas, mientras que aquellos que han mostrado su arrepentimiento fueron progresivamente acercados a Zuera, Villabona o, en tiempos, Nanclares de Oca.

Esa ‘anormalidad’ legal se convirtió en un poderoso instrumento de lucha contra la disciplina de ETA en las cárceles, uno de sus grandes pilares por la red de apoyo -no sólo a los presos, sino a sus familias- que les mantenía sintonizados a su lucha, al tiempo que eran mostrados como héroes y presos políticos en los ambientes afines. Salirse de esa ortodoxia suponía no sólo quedarse sin ayudas (transporte de familiares, abogados y cobertura al salir de la cárcel) sino también el aislamiento de las familias en los pequeños pueblos de Euskadi y Navarra.

Acabar con la dispersión supondría, además de acabar con una peculiaridad legislativa, responder a una de las demandas históricas no ya del entorno de ETA, sino de la izquierda abertzale y de gran parte de la sociedad vasca. Y claro, cumplir la ley en su literalidad y sin excepciones. Muchas voces en el PSOE, incluso en el PP, contemplaban la necesidad de hacerlo siempre y cuando se diera la condición de que no existiera muestra alguna de violencia, tal como al fin ha sucedido.