Es divertido ver las quejas del Gobierno de turno cuando a la oposición todo le parece mal porque cómo no va a ser así, si son la oposición y, por tanto, su labor es oponerse. Bromas semánticas aparte, ahí lo de ‘oposición’ va por otra acepción, la de estar enfrente y confrontar (oponer) argumentos. Pero, por rizar más el rizo, aún hay otra acepción que también tiene que ver con lo político aunque no vaya de política: ser opositor, en el sentido de prepararse para competir por una plaza de trabajo público, es un acto lleno de ideología.
Al lío 👇🏻
📚 Punto uno: plazas e ideas
Hace unos años este título nos hubiera llevado a pensar en el 15M y en que, inexorablemente, esas ideas serían de izquierdas. Pero está visto que este boletín va de jugar con los significados de las palabras porque por ‘plaza’ no me refiero a los espacios públicos en los que la gente se reúne, habla y ocasionalmente protesta. Me refiero a ese trabajo de por vida y con salario garantizado, tan ansiado en estos tiempos de crisis como hablábamos en la última carta.
Abordaba entonces la paradoja de la enorme barrera de entrada -la oposición- y el sorprendentemente plácido resto de la vida. Cierto es que hay incentivos y posibilidades de cambio y movilidad interna, como me respondió Miguel Ángel. Pero, como coincidimos en la conversación posterior, son cuestiones que importan a los más profesionales y motivados -que los hay-, pero ni mucho menos a todos.
La triste y humana verdad es que uno puede ser sacarse la plaza -lo que requiere enorme esfuerzo- y, a partir de ahí, ir haciendo antigüedad sin más ambición ni estímulo a sabiendas de que sólo perderá su posición en caso de liarla muy parda.
Los compañeros de CIVIO recogieron hace cuatro años los 524 casos de funcionarios que habían perdido la plaza desde 1996, siendo 201 de ellos policías. Según explican, hay cinco motivos que implican perder la condición funcionario, dos de ellas delictivas (a saber, sanciones administrativas o condenas de inhabilitación).
¿Qué tienen los funcionarios de ideología? Su mera existencia es ideología. Como concepto, el funcionariado tiene una razón de ser continuista, de mantenimiento de las estructuras. Y eso les puede dar una lectura conservadora, por aquello del orden establecido, de que la maquinaria del Estado siga en marcha pase lo que pase alrededor, resistente al cambio social sea del signo que sea.
Y, en sentido contrario, la figura del funcionariado puede también ser una herramienta al servicio de una lógica opuesta, la de un intervencionismo estatal de primer orden. Si lo piensas, su trabajo puede vincularse a aquellas cosas necesarias para el mantenimiento del entorno, garantizando que se desempeñe una labor que, por no ser competitiva en una lógica de mercado, nadie llevaría a cabo.
Un ejemplo ayuda a entenderlo porque la verdad es que la frase me ha salido un poco redicha.
Cada verano se suceden enormes incendios forestales, y ya van advirtiendo que irán a peor. Será así por el clima, más extremo según pasan los años, pero también por cuestiones económicas y sociales: en la España vaciada cada vez hay menos personas dispuestas a mantener el campo, a limpiar las ramas y desbrozar, a trabajar la tierra y cuidar los bosques.
Si una función del funcionariado -valga la redundancia- puede ser la de desarrollar actividades necesarias, pero que necesitan ser sufragadas con dinero público porque no son rentables, ¿podría el reequilibrio ecológico ser una de esas necesidades? Porque sí, existe el SEPRONA y existen los guardas forestales. Pero, ¿podría haber funcionarios pastores, por ejemplo?
🫰🏻 Punto dos: todo es dinero
Y es que la lógica capitalista implica que sólo aquellas labores generadoras de negocio y riqueza merecen atención. Sin demanda no tiene sentido que haya oferta. Y por eso en un Estado de protección social existe un engranaje público que se esfuerza por proteger las cuestiones básicas, además de aquellas que no pueden -o no deberían- ser privadas. La Policía, la Justicia o, volviendo a lo de antes, ¿los pastores?
Al funcionariado le rodea la ideología. El caso evidente es el de las oposiciones más exigentes, las reservadas para las altas responsabilidades del Estado, que acaban siendo copadas por gente que viene de familias acomodadas y típicamente -que no siempre- conservadoras.
El motivo es sencillo de entender (y lo trataba Juanlu Sánchez en su podcast hace unas semanas): sacarte una plaza de juez, fiscal o registrador de la propiedad implica pasarte unos cuantos años dedicado únicamente a estudiar, por lo que no puedes generar ingresos para mantenerte y vas a seguir dependiendo económicamente de tu familia. Además, tu éxito dependerá de que puedas pagarte buenos preparadores -que no son baratos-. Es decir, que la barrera de entrada no es sólo de conocimiento y aptitud, sino también de resistencia económica.
Eso tiene consecuencias en el sistema, como que la mayoría de esos altos cargos sean conservadores, por ejemplo, con la evidente pérdida de neutralidad que cabría suponer al alma del Estado.
A decir verdad esto no sólo sucede a esos niveles, sino también en la elección de carreras universitarias, algo mucho más extendido. Por lo visto, los estudiantes de familias menos acomodadas piensan en mayor medida en cursar grados que tengan salidas profesionales rápidas -para encontrar trabajo rápido-, incluso por encima de cuestiones más vocacionales. Es decir, sienten que no tienen tiempo que perder para empezar a generar ingresos porque no pueden mantenerse si no.
Hace muchos años entrevisté a Josep Antoni Duran i Lleida, líder de lo que fue Unió -el ‘hermano pequeño’, más católico y más conservador de Convergència-. Sí, aquel líder de gafas molonas que era capaz de tocar solos de batería en mítines electorales y que acabó siendo criticado porque tenía alquilada una ‘suite’ en un hotelazo al lado del Congreso de forma continuada.
La cuestión es que, a raíz de aquella polémica, acertó a abrir un debate interesante: si los salarios públicos no son atractivos, los mejores profesionales carecerán de incentivos para dedicarse a lo público. La lógica del funcionario, pero al revés. Piénsalo: si cualquier alto cargo empresarial cobra más -mucho más- que el presidente del Gobierno, ¿para qué arriesgarte al escrutinio y linchamiento público de entrar en política? Vale, sí, el poder -en política- o la estabilidad -en el funcionariado-, pero… ¿no se debería intentar atraer el talento de los mejores para ponerlo al servicio de todos?
El funcionariado también crea ideología. Basta fijarse en los núcleos con mayor presencia de funcionarios, como las capitales de provincia pequeñas. Son ciudades con menor población, que sufren el éxodo de perfiles cualificados a núcleos más grandes, pero que tienen instituciones públicas -estatales, autonómicas y provinciales-. Es decir, son lugares en el que una parte mayor de la población es funcionaria, y una parte menor de la población es joven.
Son, por lo general, lugares con un voto más conservador si se compara con las áreas rurales del entorno o con las grandes capitales. Hay excepciones, claro (Zamora, por ejemplo). Pero, en la mayoría de casos, ¿qué sucede en esas ciudades? Que hay mayor renta disponible, porque hay un porcentaje ligeramente superior de la población con nómina asegurada, fácil acceso a créditos y, por tanto, alta capacidad de inversión y endeudamiento en comparación con sus paisanos y con otras capitales mayores. Y el dinero es la expresión más lineal que hay de la ideología en un sistema como el nuestro.
🤔 Uniendo los puntos
Decía en el último boletín que hay dos colectivos difíciles de tocar en este país, y son los jubilados y los funcionarios: unos porque son muchos, los otros porque un plante suyo paraliza el país. También decía que eso no les exime de que sean los primeros a los que se les congelan pensiones y sueldos. Pero es verdad que, por lo general, no son los primeros en la lista de puteos -con perdón-.
Esa brecha de realidades se nota más en tiempos de crisis, sobre todo si se compara con colectivos tan delicados como el de los jóvenes.
Así las cosas, los funcionarios son un nutrido -aunque no tan grande- colectivo que tiene un enorme muro de entrada que les defiende -y justifica-, y un porvenir bastante plácido y poco exigido -en resultados, me refiero-. Su razón de ser es conservadora -la de la figura del funcionario, no el funcionario en sí-, pero su desempeño implica intervencionismo estatal. Son muchos y diversos -hay hasta funcionarios liberales, el mayor oxímoron a este lado de las democracias modernas-, envidiados y denostados a partes iguales.
Y son, sobre todo, un colectivo que se prepara para una profunda renovación generacional que quizá podría aprovecharse para replantear cuestiones como las que hablábamos en el boletín anterior -rebaja de barrera de entrada, renovación de plaza por cumplimiento de objetivos-, y algunas otras adicionales.
Por ejemplo, intentar atraer talento competitivo para puestos más sensibles, o mejorar el acceso de perfiles con menor protección económica a determinados puestos de alta cualificación. Y ya puestos, un esfuerzo razonable por acercar la Administración a la ciudadanía y no esperar lo contrario. Y eso implica no sólo mejorar técnicamente los trámites tecnológicos (por Dios, Explorer hace años que no existe), sino también aprender a relacionarse con el resto del mundo en un idioma que se pueda entender. Puestos a pedir…
Descansa que te escribo de nuevo en unos días 👋🏻
