El presidente dice ser una persona. Dice estar harto de ataques personales. Igual nada de esto es normal.
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El presidente dice ser una persona. Dice estar harto de ataques personales. Igual nada de esto es normal.
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¿Es lícito exigir en los medios, los tribunales y la calle lo que no se ganó en las urnas?
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Las televisiones autonómicas o la Justicia son campos de batalla políticos habituales. El debate es consustancial al sistema democrático: ¿deben las instituciones públicas remodelarse para responder a la voluntad popular, o deben regirse por criterios específicamente técnicos?
Los líderes del procés se enfrentan al proceso judicial. Al menos los que decidieron no huir de la Justicia y pagar un alto precio: dar la cara y convertirse en símbolos para los suyos a cambio de entrar en la cárcel.
La llegada de la democracia trajo consigo la explosión de múltiples manifestaciones humorísticas y artísticas impensables unos años antes. Ahora, décadas después, empieza a hacerse notoria cierta judicialización de expresiones antes toleradas.
En los últimos años el humor político ha ido abriéndose paso entre la ficción televisiva. El conflicto vasco, pero también el procés catalán, copan titulares y cartelera con un enfoque alejado de la tensión. El humor como respuesta a la confrontación.
No será una concesión al desarme de ETA sino un proceso paulatino. El motivo: el PP necesitará el apoyo de partidos como el PNV, y el PNV necesita quitar argumentos a EH Bildu.
La prerrogativa de acudir a un tribunal diferente al resto de ciudadanos está en la Constitución, pero contradice el principio de igualdad ante la ley. El primer Estatuto de Autonomía, el vasco, recogió un año después esa misma medida y el resto la copiaron. Jueces, fiscales y otros altos cargos de Justicia y Seguridad también gozan de sus ventajas (e inconvenientes)
Gran parte de las propuestas de la formación coinciden con las de PP, PSOE, IU o Equo. Ese eclecticismo permite a la formación crecer en los sondeos gracias a la adhesión de descontentos de toda índole
Un terrorista incumple la Ley, la Policía le detiene y el juez decide su condena con arreglo a la Ley. ¿Cómo puede el Estado intervenir en un proceso tan lineal y bajo qué circunstancias?