Fuente: Wikimedia Commons
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Estatut de Cataluña: una larga travesía de tres años con destino incierto

El Estatut catalán, tras tensiones y críticas, enfila sus últimos pasos hacia la resolución del Tribunal Constitucional

 

A la cuarta podría ir la vencida. El Tribunal Constitucional se reunirá la semana que viene para debatir la cuarta propuesta de resolución para el recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular presentó hace tres años contra el Estatut de Catalunya. Las tres propuestas anteriores no consiguieron el acuerdo necesario para prosperar y se espera, ante el goteo de informaciones en este sentido, que la resolución del caso llegue más pronto que tarde.

Ya son más de tres años con el asunto en la mesa, desde que aquel 31 de julio de 2006 (apenas mes y medio después de la aprobación del texto) el Partido Popular presentara su recurso. En concreto fueron Soraya Sáez de Santamaría, entonces secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP, y Federico Trillo, entonces portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso, los encargados de entregar la documentación.

Con la respuesta del Constitucional, llegue cuando llegue, se cerrará una travesía que se inició a finales de 2003, cuando Convergència i Unió, pese a ganar las elecciones autonómicas catalanas, no consiguió la mayoría suficiente para gobernar. Tras semanas de conversaciones, el PSC firmó el conocido como Pacto del Tinell con ICV y ERC para la formación de un nuevo Gobierno tripartito, que desalojaría a CiU de la Generalitat más de dos décadas después.

Aunque CiU también proponía una modificación del Estatut en su programa electoral, el tripartito dinamizó su puesta en marcha con la bendición del Gobierno central, cuya victoria en las elecciones generales había tenido mucho que ver con el crecimiento del voto socialista en Cataluña. Además, contar con el apoyo de ICV y ERC en el Congreso contribuía a asegurar la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo en una legislatura tensa a cuenta de los ecos del 11-M y con el proceso de diálogo con ETA sobre la mesa.

Una aprobación contrarreloj

Pese a la estabilidad parlamentaria en Madrid y al acuerdo entre todas las fuerzas políticas catalanas, salvo el PPC, para modificar el Estatuto, el camino del texto no fue ni mucho menos fácil. De hecho, el proceso estuvo muy cerca de encallar cuando Esquerra decidió, a última hora, desentenderse del texto después de que la Comisión Constitucional del Congreso recortara algunas de las peticiones de la formación.

Así, Esquerra pasó de pedir un cambio de Estatuto a apoyar el texto pasado para, más adelante, anunciar su voluntad de votar en blanco primero y en contra después en el referéndum que resultara de la previsible aprobación del texto. Pero esa aprobación, que semanas atrás se daba por hecha, llegó a última hora y de la forma más inverosímil: Artur Mas, líder de CiU, viajó en su coche particular desde Barcelona a Madrid para reunirse con el presidente Zapatero en la Moncloa. Lo hizo de noche y a escondidas, para pasar desapercibido. El acuerdo se selló en pocas horas, aunque a priori se antojaba complicado que fuera CiU, rival político de los socialistas en Cataluña, quien enmendara la plana al Gobierno.

Finalmente el texto pasó los trámites previstos: fue sancionado por el Congreso, pasó el trámite del Senado y fue finalmente respaldado. El último paso, que se suponía que iba a ser un trámite, tampoco fue fácil: el referéndum que se convocó para someter el texto a la voluntad popular sólo convocó a un 49,2% del electorado, menos de la mitad. Eso sí, de los que fueron a votar, el 73,9% apoyaron el texto. En las elecciones que se convocaron tras este cambio legislativo, el tripartito consiguió renovar su Gobierno pese a todas las dificultades que tuvieron que superar en su primer mandato: misión cumplida, nuevo Estatuto (PDF), mismo Gobierno.

Cambios y secuelas del Estatut

El nuevo texto legal viene a sustituir al texto hasta entonces vigente, el Estatuto de Autonomía de 1979. En esencia se ampliaron las competencias transferidas por el Ejecutivo central a Cataluña que, además, deja de ser considerada una Comunidad Autónoma per se para pasar a ser una nación enmarcada dentro del Estado en forma de Comunidad Autónoma. Precisamente, esta consideración de Cataluña como “nación dentro de una nación” es uno de los puntos en los que el Partido Popular basó su recurso de inconstitucionalidad. El otro gran apoyo de quienes defienden que el Estatut debe ser tumbado por el Constitucional es la obligatoriedad de conocer el catalán como idioma primario de la región.

La aprobación del Estatut de Catalunya trajo consigo una cascada de reformas estatutarias e intentos infructuosos. Sólo Asturias, Baleares, Navarra y La Rioja y la Comunidad de Madrid mostraron su nulo interés en modificar sus textos legales. Cantabria, que como La Rioja modificó su texto en 2002 para adecuarlo a las partidas presupuestarias del Estado, y Murcia, anunciaron que estudiarían una futura modificación, que en ningún caso consideraban prioritaria.

El resto de autonomías sí mostraron interés en cambiar sus estatutos. Fue el caso de la Comunidad Valenciana (que lo modificó mediante acuerdo en les Corts en 2006), Aragón, Andalucía y Castilla – León (en 2007). En estudio o proceso de reforma se encuentran los textos de Castilla – La Mancha, Galicia (bloqueado por el PPG a causa de su disconformidad con la definición de la región como nación), Euskadi (conocido como ‘Plan Ibarretxe’, bloqueado por el Congreso por su petición de constituir al País Vasco como un Estado libre asociado a España) Canarias o Extremadura.

A pesar de que el contenido del Estatut catalán fue replicado en mayor o menor medida en otros textos estatutarios aprobados (fundamentalmente el andaluz y el valenciano), el Partido Popular no interpuso recurso alguno sobre ellos. De hecho, en el caso valenciano se aprobó gracias a un pacto entre PPCV y PSPV y en el caso andaluz se aprobó sin votos en contra, pese a que también establece, como el catalán, que un órgano controla a los medios de comunicación privados, punto especialmente criticado por los populares en el caso catalán.

Los defensores del acuerdo argumentaron ante la polémica que el texto andaluz sí encaja en la Constitución, aunque hay artículos replicados de forma prácticamente literal. A día de hoy, sólo este texto presenta algún tipo de recurso como el del catalán: se trata de uno promovido por Extremadura a cuenta de lo que consideran una injerencia en sus competencias.